Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.– Las comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán cierran el año en un escenario complejo y adverso, marcado por tres frentes de crisis persistentes: ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos y una profunda insuficiencia presupuestal.
A estas problemáticas se suman agravios históricos como la pobreza centenaria y la discriminación sistemática que continúan limitando el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Pablo Ulianov, vocero del Consejo Supremo Indígena (CSI), advirtió que prevalece una ola de ataques, desinformación y hostigamiento hacia los autogobiernos indígenas en diversas regiones del estado. Señaló que el ayuntamiento de Salvador Escalante se mantiene sin respetar la libre autodeterminación de la comunidad de Opopeo y de sus encargaturas del orden, además de fomentar la creación de grupos de choque.
En el municipio de Quiroga, denunció, persiste la negativa para reconocer al gobierno indígena de El Calvario, recurriendo incluso a la presentación de amparos para impugnar su legitimidad.A este panorama se suma el caso del ayuntamiento de Erongarícuaro, que litigó dos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del reconocimiento de la comunidad de Jarácuaro como Sujeto de Derecho Público.
Esta postura, afirmó el CSI, evidencia un doble discurso institucional: por un lado se presume apoyo a las comunidades indígenas y, por el otro, se les combate jurídica y políticamente.
La defensa del territorio, de los bosques y de la vida comunitaria continúa cobrando un alto costo. Tal es el caso de Roxana Valentín Cárdenas, integrante de la comunidad de San Andrés Tziróndaro, asesinada durante una manifestación pacífica en el marco del 46 aniversario de la defensa del territorio de Santa Fe de la Laguna, un crimen que permanece impune. De igual forma, María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques, de la cultura p’urhépecha y de la vida, continúa encarcelada por un delito que no cometió, reflejando —según denunciaron— la criminalización de quienes protegen la Madre Naturaleza.En materia presupuestal, la discriminación se mantiene como una constante. Con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2026, a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se le asignaron 30 millones 668 mil pesos, lo que representa apenas el Cierre crítico para los pueblos indígenas de Michoacán: autonomía bajo ataque, derechos vulnerados y abandono presupuestal 0.03 por ciento del presupuesto total. Dicho monto, señalaron, resulta insuficiente para atender a más de 500 comunidades originarias, además de destinarse en gran parte al pago de salarios, insumos y rentas de una burocracia que no impacta directamente en las necesidades comunitarias. En contraste, el Zoológico de Morelia “Benito Juárez” recibió 81 millones de pesos.
Finalmente, el CSI recordó que en Michoacán se ejecutan actualmente diversos programas y planes, entre ellos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan Lázaro Cárdenas del Río, el Plan de Justicia Purépecha, el Plan de Justicia Nahua y el Plan de Justicia Afromexicano, así como los planes Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda.
Sin embargo, denunciaron que todos ellos han quedado en el terreno de las promesas, sin que se reflejen en obras de infraestructura de alto impacto ni en mejoras reales para las comunidades.Ante este escenario, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán reiteraron su exigencia de respeto pleno a la autonomía, justicia para las víctimas y un presupuesto digno que garantice su desarrollo integral y el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos. #CSI
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