RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 11 de mayo de 20202.- “Ante la cerrazón del Gobierno Federal para terminar con viejos regímenes que han colapsado y estancado el desarrollo de los estados y municipios en el país, el promover una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, es una alternativa viable, necesaria y urgente”, subrayó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió a las y los mexicanos transformar el país, gobernando “diferente”, lo cual es falso, ya que no quiere quitar una coma a la Ley de Coordinación Fiscal, y la que por cierto, representa a los viejos regímenes que tanto critica por ser neoliberales.

Antonio Soto señaló que “ese viejo esquema sigue siendo utilizado por el nuevo régimen, lo que representa un grave detrimento de las entidades federativas que viven en una subsistencia presupuestal a consecuencia de un Pacto Fiscal centralizado, propio de regímenes totalitarios, como el que hoy tenemos en México”.

En ese sentido, consideró lamentable las voces que salen en defensa de lo que por años han criticado, más en estos momentos, en los que se requiere de toda la sensibilidad y respaldo de quienes gobiernan el país, ya que, en esta emergencia sanitaria, además de la crisis en salud, se tienen graves efectos negativos en la economía, la cual está colapsada por la injusta e inequitativa distribución de los recursos.

“Los gobernadores, al representar legal y legítimamente a sus poblaciones, tienen derecho a promover la controversia constitucional, y están obligados a exigir a la Federación mejores condiciones fiscales y presupuestales en beneficio de sus representados”, recalcó Antonio Soto.

Reiteró que promover una controversia constitucional es una alternativa viable, ante la cerrazón del titular del Poder Ejecutivo Federal al no querer modificar esa relación.

 Si en México no existe coordinación entre los estados y municipios, con la Federación, es porque el Gobierno de México le apuesta más al cálculo político-electoral que al bienestar real de la población, pues quiere someter a las entidades y colapsarlas, al no apoyarlas en esta contingencia, puntualizó.

En esta contingencia sanitaria, recalcó que ha sido evidente que los estados están solos, ante la insensibilidad de quien dirige este país, lo que se evidencia al no dotar de recursos extraordinarios a las entidades y los insumos que mandan son insuficientes y de mala calidad como se denunció en diversos puntos del país.  

Antonio Soto reiteró que México debe reorientar los criterios de distribución de los recursos públicos, a través de una revisión profunda de la Ley de Coordinación Fiscal. 

“La contingencia sanitaria, por la que atravesamos, ha evidenciado aún más la urgencia de una modificación profunda en la distribución de los recursos del país, tanto en las participaciones y aportaciones, como en los convenios”, sostuvo.

Ante la necesidad de las entidades federativas, para hacer frente a la crisis económica generada por la sanitaria, refirió que Gobernadores del país, como el de Michoacán, han tomado decisiones oportunas; por lo que, es tiempo que la Federación haga lo que corresponde y cumpla con su compromiso de transformar a México y termine con los viejos regímenes neoliberales.

Desde hace casi nueve lustros que la fórmula de distribución en México es inequitativa, ya que por cada peso que se recauda en el país, la Federación se queda con 80 centavos, los Estados 15 centavos y los municipios cinco centavos.

Es decir, la Federación ha sido la gran concentradora de los recursos públicos, lo que ha venido colapsando al resto de los niveles de gobierno y que ahora, en una situación como en la que nos encontramos, pone la soga al cuello a estados y municipios, ya que se ven acotados para poder actuar frente a la contingencia, a expensas de las ocurrencias y las compras patito de insumos que realiza el Gobierno Federal.

Por lo anterior, respaldó que se proponga promover una controversia constitucional a la Ley de Coordinación Fiscal, al reiterar que es urgente que en México se garantice la justa distribución de los recursos y se cuente con una nueva fórmula en la distribución que sea justa y equitativa para los estados y municipios.