RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Morelia, Mich.-Ricardo Díaz Ferreira enlace jurídico en la Secretaría de Educación del Estado (SEE), informó que el elemento prioritario en el amparo que se dio a un joven al que se prohibió entrar a la escuela por su pelo largo, es el derecho al acceso a la educación. 

“Más que por el cabello largo de este joven (…) era por el acceso a la educación. El amparo y la queja iban en contra de habérsele negado el acceso a la educación por infligir un reglamento interno de la secundaria que en su artículo 13, aprobado por el Consejo técnico de la misma no permitía el uso de cabello largo, marcas, tintes y diversos tipos de peinados”. 

El abogado señaló que la falta de la escuela fue no permitirles el acceso a las clases y fue de ahí que se motiva la queja y la demanda de amparo en el juzgado 9 de Distrito de Michoacán. 

Asimismo, informó que desde que se presentó la demanda se determinó permitir al joven que ingresara a clases, dado que el tema central de la denuncia era el acceso a la educación. 

Incluso en su página 15 la versión pública del amparo el juez Luis Fernando Arreola Villa señala: “(…) resulta menester para este juzgador evidenciar que el análisis deberá centrarse en la protección del derecho a la educación y su interrelación con otros derechos fundamentales, principalmente, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación y respeto a la dignidad de la persona -en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad-“. 

El entrevistado hizo énfasis que a lo largo de los años la SEE ha flexibilizado varias normas que en el pasado eran obligatorias, dado que también hay antecedentes en administraciones anteriores de quejas establecidas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por la negativa al acceso a la educación por diversos motivos como el arreglo personal o piezas faltantes de uniformes. 

Asimismo, recordó que cada escuela a través de su consejo técnico y asociación de padres de familia genera reglamentos internos, por lo que se recomienda que estos deben ser con base en la realidad que viven los jóvenes y sus comunidades, teniendo como prioridad su pleno desarrollo. 

También señaló que no hubo sanción para el director de la escuela donde ocurrió el incidente, dado que este fue capaz de llegar a un acuerdo con los representantes del menor para permitirle continuar con su proceso educativo.