La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos.

Del mismo modo, el organismo internacional pidió a las autoridades garantizar una investigación efectiva y subrayó que estos hechos constituyen violaciones e injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, destacó que el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.

Por ello, hizo un exhorto a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal.

Asimismo, saludó la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR, a quienes pidió cumplirlas.

La ONU-DH tomó nota del anuncio de la PGR de investigar estos hechos e hizo votos para esa investigación se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso.

Adicionalmente, exhortó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones cómo órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos asignados.