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El Gobierno federal detectó que al menos 20 mil adultos mayores que murieron hace diez años continuaban recibiendo su pensión de dos mil 418 pesos que se entregaron hasta diciembre del año pasado.

Con base en la información de la delegada del Gobierno de México para la ejecución de los programas sociales en la Ciudad de México, Cristina Cruz, se desconoce el destino de las pensiones, así como el monto específico que pudo dispersarse en las tarjetas de los beneficiarios que la morir nunca fueron dados de baja.

Además, afirmó que algunos familiares de los finados aún tenían las tarjetas en las que se depositó la pensión de adulto mayor.

“Lo que hemos encontrado es que el padrón tenía y sigue teniendo muchas personas fallecidas…. Fallecidas de 15 días, pero hasta de diez años hemos encontrado. Esto pasaba porque no se cruzaban ambos padrones y porque no se estaba cruzando el padrón con el Registro Nacional de Población”, detalló la funcionaria a El Big Data.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso ) y las autoridades federales tuvieron diversas omisiones entorno al cruce de información, por ello, hasta diciembre del año pasado el Gobierno de la CDMX depositó alrededor de 48 millones de pesos a tarjetas cuyos titulares habían fallecido.

“Hemos entregado alrededor de 200 mil tarjetas. Estamos hablando de un 10 por ciento que hemos encontrado que tenían estas irregularidades, sobre lo que vamos encontrando. De los 200 mil que hemos entregado, aproximadamente 20 mil están fallecidos”, aseveró Cristina Cruz.

Además, aún no tienen la certeza sobre si los familiares de los beneficiarios finados pudieron disponer de las pensiones o si otra persona tuvo acceso a estos recursos.

La delegada enfatizó que, debido a lo anterior y para evitar usos indebidos de los recursos presupuestales, las brigadas de la Delegación del Gobierno de México realizan visitas territoriales para ubicar a cada persona de la tercera edad que recibe dicho apoyo.

Cabe recordar que la Sedeso acumuló al menos durante diez años este tipo de anomalías, por lo que fue hasta la nueva administración de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social entregó la operación del programa a la representación del Gobierno de México que comenzaron a evidenciarse.

Información de Agencias