#SeguridadSinPretextos

José Alberto Guerrero Baena

Alejandra Vanegas Rodríguez 

Terminó el frenesí electoral

¿y la seguridad?

Nuestra última columna, antes de que comenzaran las campañas electorales, versó en el análisis sobre las propuestas y las plataformas de seguridad que iban a ser expuestas durante el camino electoral a nivel estatal y municipal.

Este tópico siempre ha sido un problema para quien llegue a gobernar en todos los niveles, esto por la falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos (federales, estatales y municipales). Muchas veces, el rubro de la seguridad, ha sido aprovechado como la caja chica o pozo sin fondo de las finanzas gubernamentales y, precisamente, es este sector el que paga la mala administración de los recursos.

Michoacán, por su naturaleza histórica, su territorio y sus factores sociales y culturales, ha sido un estado que siempre ha padecido de convulsiones políticas y de seguridad que han redundado directamente en la población. Durante 45 días, esperamos encontrar propuestas coherentes en materia de seguridad, pensamos que se podían escuchar planes que verdaderamente tuvieran un fundamento de política pública enfocada en mejorar la vida de los habitantes de este espacio, cada vez más castigado por la delincuencia organizada, por la delincuencia del fuero común, la inoperatividad de la procuración de justicia y la poca responsabilidad de los municipios para con sus ciudadanos.

La seguridad es uno de los talones de Aquiles en las propuestas de campaña, porque las promesas son muchas y los resultados, en la mayoría de las ocasiones, suelen ser insuficientes. Los candidatos (en la mayoría de los casos) prometieron en este recorrido, desde una “alineación” con el Gobierno Federal por medio de la creación de una “Guardia Estatal” (lo que sea que fuere este concepto) hasta el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los elementos de los cuerpos la seguridad.

Los discursos y la narrativa de las campañas políticas nos presentan un sinfín de promesas y propuestas, pero es hasta el momento en que los gobiernos entren en funciones que podremos conocer las estrategias de seguridad, de financiamiento y de operatividad de los cuerpos del orden, municipales y estatales. Michoacán no es la excepción, ya las campañas culminaron y los equipos, tanto de transición como los equipos de trabajo definitivos, deben estar preocupados por presentar sus propuestas de trabajo en la materia, para resolver los problemas que dejan las administraciones salientes.

Al parecer, muchos de los trabajadores de la seguridad (como es el caso de Morelia), anhelan que la autoridad entrante tome el control de la administración de manera inmediata. Los malos manejos, la discrecionalidad y el descontrol de las autoridades municipales salientes, motivan al personal a apurar la salida de una autoridad que siempre se mostró ausente ante su propio cuerpo de seguridad.

Y esta, es una de las tantas historias alrededor de Michoacán y del país, donde los procesos de entrega recepción de las autoridades salientes y entrantes, generan una controversia, ansiedad y expectativa por las promesas hechas durante la campaña electoral.

Este sentimiento, o como quiera usted llamarle, no es positivo para quien trabaja en las áreas de seguridad o para quien llega como autoridad entrante. Son demasiadas las demandas e inconformidades derivadas de las pocas acciones que los gobiernos salientes hicieron por sus trabajadores que, sin duda, la llegada de los posibles funcionarios entrantes, generan una responsabilidad extra, emanada de las propias promesas de campaña y los compromisos contraídos con un sector del electorado al cual fue ofertada tanto la mejora de las condiciones laborales, como el resultado de las mismas que debe ser una política integral de seguridad enfocada en resultados próximos y con evaluación permanente.

Por ello, es preciso que ante las promesas electorales haya resultados inmediatos en todos los ámbitos de la política pública, pero en especial el asegurar que el desarrollo territorial, económico y social de una población converge en un solo camino: el asegurar una política de seguridad acorde y hecha a la medida del territorio que se gobierne. Sólo de ahí se derivará el regreso de los capitales que podrán generar los empleos suficientes y los recursos necesarios para reactivar la economía local.

Michoacán y Morelia son casos específicos, Alfredo Ramírez Bedolla y Alfonso Martínez Alcázar tienen una tarea titánica y conjunta: construir seguridad.

Alfonso Martínez generó el camino que se hizo política pública de seguridad, Alfredo Ramírez busca una alineación con el Gobierno Federal en todos los sentidos,

¿cuál camino es el correcto?

Sólo el tiempo nos lo dirá, con resultados evaluados de manera permanente.

 

JOSÉ ALBERTO GUERRERO BAENA

Consejero Ciudadano de Morelia.

Delegado Estatal en Michoacán de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública. AC.

Académico integrante del Observatorio de la Guardia Nacional.

Doctorante en Política Criminal por la Universidad de Sussex, Reino Unido

Investigador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho.

ALEJANDRA VANEGAS RODRÍGUEZ

Delegada Estatal adjunta en Michoacán de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública. AC

Maestra en Derecho Administrativo

Especialista en Prevención de la violencia y la delincuencia.